La Defensoría del Pueblo en Potosí emitió una alerta ante el impacto que la falta de transporte público está generando en los sectores más vulnerables de la población. La institución defensorial advirtió que el repliegue de las movilidades afecta principalmente a personas de escasos recursos, quienes dependen del servicio para realizar sus actividades cotidianas, como acudir al trabajo, centros de salud o unidades educativas.
La delegada defensorial, Jackeline Alarcón, hizo un llamado urgente a la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE) y a los sindicatos del transporte para que asuman una actitud responsable frente al conflicto. Según señaló, la paralización del servicio no solo profundiza las dificultades económicas de la población, sino que también vulnera derechos básicos, al limitar el acceso a servicios esenciales.
Alarcón exhortó a las partes involucradas a priorizar el diálogo y avanzar en acuerdos concretos, dejando de lado intereses personales o sectoriales. Remarcó que la solución del conflicto es fundamental para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía, especialmente a quienes no cuentan con alternativas de transporte y son los más afectados por la suspensión del servicio público.
