La renuncia del alcalde titular de Potosí, Jhonny Llally, abrió un escenario de crisis institucional en el gobierno municipal, generando incertidumbre sobre la continuidad de la gestión y el rumbo de la administración local. El hecho ha despertado preocupación en diversos sectores de la población, que temen un impacto negativo en la atención de las principales demandas ciudadanas.
Aníbal Ortega, vicepresidente de la Junta de Padres de Familia, expresó su rechazo a los recientes cambios en la administración municipal y advirtió que estos no representarían un avance para la ciudad. Según el dirigente, la salida del alcalde podría derivar en mayores perjuicios para la población, especialmente en el ámbito educativo, donde existen necesidades urgentes aún no atendidas.
Ortega también alertó que las nuevas autoridades podrían priorizar intereses económicos personales por encima del bienestar de los estudiantes y de la comunidad potosina en general. En ese contexto, señaló que la actual coyuntura podría significar un retroceso para el municipio si no se adoptan medidas responsables y orientadas a brindar soluciones concretas a los problemas que aquejan a la ciudad.
