El Gobierno declaró de prioridad del Órgano Ejecutivo los procesos de reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado, mediante el Decreto Supremo 5727, que establece medidas y plazos para acelerar estos procedimientos.
La norma surge después de que se han denunciado millonarias pérdidas y gastos por parte de empresas públicas creadas durante los gobiernos del MAS, pero que no han logrado producir y tienen fallas de planeación.
El decreto establece que la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas se realizará con base en un diagnóstico técnico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP). FUENTE – ERBOL
