La región de Nor Lípez expresó su firme rechazo al contrato aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con una empresa rusa para la explotación de litio en el departamento de Potosí. Las comunidades aseguran que la decisión fue tomada de forma inconsulta y que vulnera sus derechos territoriales, ambientales y colectivos. La asambleísta regional Jenny Quisber anunció que se presentará una denuncia internacional, argumentando la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada, contemplado en la Constitución Política del Estado.
Como parte de su respuesta, las autoridades y organizaciones sociales de Nor Lípez convocarán a un cabildo regional donde se definirán acciones legales y movilizaciones para frenar el ingreso de empresas extranjeras a sus territorios. Las comunidades sostienen que no fueron tomadas en cuenta en el proceso de aprobación del contrato y consideran que este acuerdo atenta contra su autonomía y la gestión soberana de los recursos naturales.
Históricamente, los habitantes de Nor Lípez han defendido el litio como un recurso estratégico que debe ser administrado con soberanía y en armonía con los derechos de los pueblos originarios. La creciente tensión en la región anticipa un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la industrialización del litio y el respeto a las comunidades que habitan las zonas ricas en este mineral.
