Una reciente inspección realizada en el Cerro Rico de Potosí reveló la presencia de menores de edad involucrados en labores mineras, generando alarma entre las autoridades defensoras de los derechos humanos. La delegada defensorial, Jackeline Alarcón, informó que los niños y adolescentes detectados se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad, expuestos a riesgos físicos y a un entorno laboral inadecuado para su desarrollo.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo anunció que iniciará un proceso de seguimiento y coordinación con instituciones competentes, con el objetivo de intervenir de manera efectiva y garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Alarcón subrayó que el trabajo infantil en contextos peligrosos, como la minería, constituye una grave vulneración de derechos y requiere respuestas inmediatas.
Las acciones incluirán campañas de concienciación, operativos conjuntos y políticas orientadas a la erradicación progresiva del trabajo infantil en zonas de alto riesgo. La Defensoría hizo un llamado a las familias, cooperativas mineras y autoridades locales a asumir un compromiso firme con la protección de los menores y la promoción de alternativas que prioricen la educación y el bienestar.
