El 10 de febrero, diversos sectores productivos del país llevarán a cabo un paro nacional movilizado de 24 horas en respuesta a la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos a aquellos que incurran en agio y especulación. Esta medida ha generado una postura firme y unitaria entre las organizaciones que consideran que esta disposición afecta gravemente la estabilidad económica y la libertad de comercio en el país.
El Vicepresidente de los gremiales de Potosí, Milton Huanca, fue claro al expresar que el gobierno tiene la responsabilidad de derogar esta disposición para permitir un diálogo sincero y constructivo con los sectores afectados. Según Huanca, las políticas actuales del gobierno están poniendo en riesgo la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores, quienes, según sus representantes, son los más vulnerables ante este tipo de medidas.
Durante el encuentro multisectorial, participaron diversas organizaciones gremiales, asociaciones de productores, comerciantes y otros actores económicos, quienes coincidieron en que el decomiso de productos es una medida desproporcionada y no resolvería el problema de fondo, sino que solo afectaría el sustento de cientos de familias bolivianas.
Los líderes de las organizaciones convocantes señalaron que la movilización del 10 de febrero será una manifestación pacífica de protesta, pero también un llamado de atención al gobierno para que reconsidere sus políticas y abra la puerta a un diálogo real que permita encontrar soluciones más justas y equilibradas para los sectores productivos del país.
Este paro nacional se perfila como un hito en la lucha por la defensa de los derechos de los productores y comerciantes bolivianos, que ven en esta disposición una amenaza para sus actividades y para la economía en general.
