El país casi pierde una de sus áreas protegidas (AP) nacionales, luego de que, en 2017, el proceso de saneamiento del INRA concluyera que la reserva de Biósfera y Estación Biológica del Beni (EBB) ‘incumplía’ con la Función Económica y Social (FES) de la tierra, y de que la decisión fuera sellada con la Resolución Suprema 22142, de octubre de 2017, firmada por el entonces presidente Evo Morales.
Según este documento, la EBB quedaba reducida a 50 ha, específicamente la parte donde estaba el campamento de los guardaparques, y que fue clasificada como “pequeña propiedad con actividad agrícola”.
Un año antes de esa determinación, el director del AP en ese momento, Félix Gonzales Bernal, a través de memorial, planteó la argumentación sobre el beneficio ambiental de la reserva, haciendo un listado de riqueza de la biodiversidad en el lugar, además su importancia hídrica, anexada a un sitio Ramsar.
A pesar de eso, el INRA procedió a la conversión a tierra fiscal disponible, oleada y sacramentada con la resolución suprema.
